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El Cabildo de Tenerife vuelve a reclamar al Gobierno central la gestión compartida de los aeropuertos
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La gestión compartida se trata de un privilegio del que sí se goza en las infraestructuras portuarias, pero el Cabildo de Tenerife y concretamente su presidente, Ricardo Melchior, tanto bajo esta condición como en la de senador ha venido reclamando que se haga extensiva a la gestión aeroportuaria. Un reciente acuerdo del Consejo de Ministros ha permitido esta posibilidad tanto a la Comunidad de Madrid como a Cataluña para gestionar los aeropuertos de Barajas y El Prat, respectivamente. Melchior ha vuelto a reclamar hoy públicamente y lo hará al Gobierno de España por escrito que Canarias, por sus particularidades debe tener acceso también a esta participación, para que entre sus diferentes administraciones públicas se desarrolle conjuntamente con la nacional la referida gestión.
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Ricardo Melchior sobre la relevancia de gestión compartida
Ricardo Melchior manifiesta sus exigencias
Redacción
SANTA CRUZ DE TENERIFE. Ricardo Melchior daba cuenta de este asunto al abordar en rueda de prensa los acuerdos alcanzados ayer en el consejo de gobierno insular. Éste concretamente se trataba de un punto fuera del orden del día. Más ampliamente, la reclamación viene a recoger varios condicionantes para solicitar esa gestión compartida, entre ellas: "que la inclusión de Madrid y Cataluña viene dada por el establecimiento de un mínimo de pasajeros al año en los aeropuertos de que se trata, y que se ha fijado, sin justificación objetiva alguna, en el número de 30 millones anuales".
Otro de los puntos recogidos en el escrito que se hace llegar al Ejecutivo central recoge "que no debe ser el número de pasajeros el único parámetro a tener en cuenta en un asunto de esta naturaleza e importancia, máxime en una comunidad como la canaria que, por su condición de territorio insular, tiene en el transporte aéreo un medio esencial e importantísimo de comunicación y enlace a nivel nacional e internacional".
El tercero de los apartados de la reclamación argumenta "que este asunto no es nuevo, y que por parte de representantes del Gobierno del Estado, al más alto nivel, se ha ido adquiriendo en diferentes ocasiones el compromiso de éste para la cogestión de los aeropuertos canarias, con la participación de la comunidad autónoma y de otras administraciones públicas canarias. Asimismo, diversas actuaciones y resoluciones aprobadas en los últimos años en las Cortes Generales, señalan esta línea de actuación, de la que ahora parece desmarcarse el Gobierno del Estado".
El escrito concluye "por todo ello, se acuerda plantear ante los órganos correspondientes del Gobierno del Estado, la inexcusable necesidad de revisar los términos del reciente acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, incorporando al mismo, en atención a las razones antes expresadas, la participación de la comunidad canaria, através de su administración e instituciones, en la cogestión de sus aeropuertos, en condiciones de igualdad a como está previsto que ocurra en otras comunidades autónomas".
Durante el transcurso de la rueda de prensa, y sobre acuerdos que sí entraban en el orden del día del consejo de gobierno celebrado ayer, el presidente se refirió a la aprobación de los respectivos expedientes sobre bases y convocatoria de un concurso de becas de 'Educación Especial' y otro a la 'Movilidad de Formación Profesional'. También se refirió a la aprobación de la addenda primera al convenio de colaboración entre Ayuntamiento de Tegueste y Cabildo de Tenerife por el que se ejecutará un proyecto de construcción de una nueva piscina básica polivalente en el municipio.
Destacó también la aprobación de las bases que han de regir el otorgamiento de subvenciones para financiar a dinamizadores comerciales responsables de la ejecución de planes al efecto en zonas comerciales abiertas de cualquiera de los municipios.
Por último, Ricardo Melchior anunció el estudio del anteproyecto de Ley por el que se procederá a la extinción de las Cámaras Agrarias de Canarias, unos órganos ya extinguidos en varios puntos de la Península. Históricamente eran propiedad de los agricultores y sus diferentes asociaciones. Desde hace unos 15 años su gestión en Canarias pasó a manos de los cabildos insulares.

